El hombre se encontraba prófugo desde el 2020, luego de que la menor de edad lograra grabarlo en una situación de abuso, en una reunión familiar.
Nacionales 24 de febrero de 2023
DataChaco
El acusado permanecía prófugo desde enero de 2020 y tenía pedido de captura nacional e internacional. Todo salió a la luz cuando la menor le mostró a su papá un video, con los ataques de su tío en un country de Francisco Álvarez, partido de Moreno.
La información fue confirmada por Fernando Sicilia, abogado defensor del acusado. “Desde que asumimos la defensa la intención fue ponerlo a derecho”, dijo al portal Primer Plano Online.
Tras las medidas adoptadas por la fiscal Luisa Pontecorvo, de la fiscalía N°3 d Moreno-General Rodríguez, la determinación fue que se entregara hoy. Se esperaba su indagatoria para este jueves y luego quedó detenido.
El caso salió a la luz cuando la víctima, después de años de sometimiento, tuvo la idea de grabar uno de los abusos y con el video como prueba, recurrió a sus padres en busca de ayuda. Al verlo, ellos inmediatamente radicaron la denuncia.
Martínez, de 43 años, es marido de la prima hermana del papá de la víctima. Él y su esposa tenían una relación cercana con la menor y solían invitarla seguido a dormir a su casa, ya que ella era muy compinche con el hijo de la pareja, su primo.
Según la familia denunciante, el abusador contó con la ayuda de terceros para poder mantenerse prófugo desde hace tanto tiempo.
La orden de detención se dictó el 10 de enero de 2020, después de que se presentara el video captado en medio de una reunión familiar. Pero cuando la policía se presentó en el domicilio del acusado en un country de Francisco Álvarez, supuestamente él y su esposa se habían ido de vacaciones a Mar del Plata.
La coartada era posible, pero dejaron un cabo suelto: la puerta trasera de la casa estaba abierta. Según los padres de la víctima, alguien le avisó lo que ocurriría y se escapó.
“Ella llegó a hacer lo que hizo porque estaba totalmente desbordada”, dijo en el inicio de la investigación el padre de la nena a los medios. La familia decidió iniciar acciones legales en contra de Martínez con el asesoramiento legal del abogado Juan Pablo Gallego.
Este jueves se llevó a cabo primera la jornada de alegatos en el segundo juicio por el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez, ocurrido el 8 de octubre del 2016.
En tal sentido, las abogadas de la familia de la víctima pidieron que los imputados sean condenados a la pena de prisión perpetua. En tanto, el Ministerio Público Fiscal alegó en disidencia para uno de los acusados.
La audiencia comenzó pasadas las 9, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Mar del Plata, donde juzgan a Matías Farías y Juan Pablo Offidani.
El alegato de ambas partes duró casi cinco horas, y fue seguido desde una pantalla gigante por allegados de la menor y organizaciones sociales y de mujeres que se concentraron en las inmediaciones de los tribunales.
En el debate oral que comenzó el pasado 7 de febrero, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7, Leandro Arévalo, consideró que quedó acreditada la responsabilidad penal de ambos imputados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio”.
El fiscal sostuvo que “dicho abuso fue brusco y violento”, de acuerdo a una serie de “lesiones constatadas en el cuerpo” de la adolescente.
Asimismo, Arévalo aseguró que Farías fue el autor del hecho y solicitó la pena máxima, mientras que para Offidani pidió 20 años de cárcel, ya que sostuvo que el hombre de 47 años colaboró como “partícipe secundario” del hecho.
Detalló además que, tras una descompensación sufrida por Lucía, Offidani volvió a la casa ubicada sobre la calle Racedo, para “continuar colaborando con el señor Farías y prestándole asistencia”, en primer término “acondicionando” el cuerpo y luego “trasladándola sin vida” a la sala de primeros auxilios del barrio Serena, ubicada a cuatro kilómetros al sur del Faro de Punta Mogotes.
Arévalo puso el foco en la situación de vulnerabilidad de la víctima, por su condición de menor, de mujer y de consumidora, que “no está en igualdad de condiciones con aquel que se dedica a la venta de estupefacientes”, con quien además mantenía “una deuda dineraria” por la compra previa de drogas.
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