El oficialismo de la Cámara de Diputados oficializó este viernes la presentación del proyecto de Juicio Político contra los jueces de la Corte Suprema, un día después de que el Gobierno oficializara la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 23 de enero hasta el 28 de febrero para tratar esa y otras  26 iniciativas.

En el proyecto, encabezado por Eduardo Valdés y firmado por otros 11 legisladores, el Frente de Todos pidió citar a los magistrados (Horacio Rosatti –su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) a que se presenten para declarar ante Comisión, aunque los ministros no están obligados a asistir.

Además, el oficialismo requiere la presentación de un total de 44 testigos más. Entre ellos, Silvio Robles, vocero de Rosatti, y de Marcelo D’Alessandro, ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, así como también a los gobernadores que suscribieron al pedido de enjuiciamiento contra el máximo tribunal, al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

LOS PLANTEOS DEL PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO A LA CORTE

Entre los fundamentos del proyecto, el Frente de Todos sostiene que “el juicio político que se promueve resulta ser un proceso constitucional llevado a cabo por un órgano constitucional (el Congreso de la Nación) con una función específica y exclusiva, tal como es la de analizar la responsabilidad política de los magistrados acusados y juzgar si aún mantienen la idoneidad necesaria para continuar ejerciendo adecuadamente el cargo que detentan, y de esta forma garantizar la calidad institucional, la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial”.

Asimismo, agrega que “el proceso que se promueve tiene por finalidad proteger el principio constitucional de idoneidad –tanto técnica como ética– de los magistrados en el desempeño de su cargo, característica que debe permanecer durante todo su ejercicio y que, como tal, y atento a las causales admitidas, abarca no sólo los supuestos de mal desempeño en el ejercicio de la función, sino también aquellos desórdenes de conducta que afectan la investidura personal del magistrado y extienden la afectación a toda la magistratura judicial”.

Del total de 31 miembros que conforman la Comisión de Juicio Político, el FdT cuenta con 16 diputados; Juntos por el Cambio, con 14, y el Interbloque Federal, con uno. 

Así, el pedido de juicio político logrará contar con la mayoría simple que habilita el quórum para tratamiento y análisis de la iniciativa. En el recinto, el escenario es mucho más complejo -casi imposible- para conseguir los dos tercios que necesita el oficialismo.