El representante adjunto de Naciones Unidas para Afganistán, Markus Potzel, reclamó que se levante el veto contra la educación de las mujeres y su trabajo para las ONGs, durante una reunión con el ministro talibán en funciones para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, Mohamed Jalid Hanafi.

La prohibición de contratar mujeres a las ONGs paralizó las actividades de numerosas organizaciones que necesitaban de sus empleadas para relacionarse con las mujeres del país, dada la estricta política de segregación impuesta por el movimiento fundamentalista, desde el retorno al poder.

Según un comunicado de la Misión de la ONU en Afganistán, la Unama, Potzel trasladó al ministro talibán que estas prohibiciones son un "acto de discriminación contra las mujeres" que están impidiendo que los afganos reciban una ayuda imprescindible para sobrevivir", informó la agencia de noticias Europa Press.

De igual modo, Potzel recordó el impacto que estos vetos están teniendo en la economía afgana, por lo que solicitó al ministro que contemple "su levantamiento urgente", concluye el comunicado.

Potzel mantuvo recientemente otra reunión con el ministro de Educación Superior de los talibán, Mohamed Nadim, considerado como uno de los elementos más extremistas del movimiento fundamentalista, a quien también solicitó el levantamiento urgente de las prohibiciones que, según la Unama, podrían abrir una "nueva era de crisis en el país".

Desde su llegada al poder, tras la salida de las tropas estadounidenses el 30 de agosto de 2021, los talibanes se fueron estableciendo y con ello, las mujeres fueron perdiendo derechos.

El sábado 24 de diciembre los talibanes prohibieron a las ONGs nacionales e internacionales tener o contratar a empleadas mujeres, alegando que éstas incumplían las reglas de vestimenta islámica que rigen en el país musulmán.

Una semana antes, habían anunciado que las mujeres ya no podrán asistir a la universidad, y antes de eso les habían prohibido acceder a la educación secundaria. Estas medidas recibieron fuertes críticas internacionales.

Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Noruega, Reino Unido, Suiza, Países Bajos y el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borell, firmaron a finales del año pasado un comunicado en el que expresaban su preocupación “por la temeraria y peligrosa orden de los talibanes" y pidieron la inmediata revocación, pues "pone en peligro la supervivencia de millones de afganos que dependen de la ayuda humanitaria”.

Asimismo, los ministros de Relaciones Exteriores de las potencias del G7 llamaron a los talibanes a revertir "con la mayor urgencia" la prohibición.

Anteriormente, numerosas ONGs que operaban en el país –entre ellas, Save The Children, el Consejo Noruego para los Refugiados, Care Internacional y el Comité internacional de Rescate (IRC), Christian Aid y Unicef- expresaron su preocupación y disconformidad con la medida.