El Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, presentó un escrito para frenar la medida cautelar. Además, recusó a los cuatro cortesanos.
Actualidad 27 de diciembre de 2022
DataChaco
El Gobierno nacional le reclamó este martes a la Corte Suprema de Justicia que suspenda los efectos de la medida cautelar a través de la cual ordenó pagarle 2,95% de los fondos de coparticipación federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los escritos fueron presentados por el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien además recusó a los cuatro miembros del máximo tribunal.
Entre los fundamentos de la presentación, el Gobierno nacional sostiene que “a través del fallo aquí cuestionado, la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales”.
En esa línea, Zannini remarcó que “al adoptar la medida cautelar que nos ocupa, V.E. adelantó su criterio con relación a varios aspectos de la controversia, que son cruciales para la definición del fondo de la cuestión debatida en autos. Tal circunstancia justifica que los señores magistrados de este Excmo. Tribunal que suscriben la sentencia del 21 de diciembre del año en curso se aparten de la causa”.
En tanto, el subprocurador general de la Nación, Horacio Diez, presentó un segundo escrito donde se informó que la representación del Estado Nacional será ejercida por ese organismo en cuanto a lo que tiene que ver con la recusación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el pedido de revocatoria in extremis de la medida cautelar dictada el 21 de diciembre.
Por otro lado, el Gobierno nacional oficializó la decisión de transferir bonos TX31 a la ciudad de Buenos Aires en el marco de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia en favor del distrito porteño por los fondos coparticipables.
El conflicto se desató la semana pasada, cuando la Corte Suprema dispuso en un fallo dictado el miércoles último un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95%, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el costo del traspaso de la policía en 2016.
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