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El Gobierno defendió el uso de celulares en cárceles

Tras el suicidio de una menor, víctima del acoso de su abusador que estaba preso, el Ministerio de Seguridad insiste en su utilidad para la reinserción social.

Actualidad 27 de diciembre de 2022 DataChaco DataChaco
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Capitanich

Luego del suicidio de una menor de edad, como consecuencia del hostigamiento de su abusador con un celular desde la cárcel, el Gobierno salió a explicar las políticas carcelarias que implementaron en la gestión "para garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad que buscan reinsertarse en la sociedad".

La ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar señaló que la política carcelaria se basa en cinco ejes: el uso de celulares, la mediación interna en contextos de encierro y conflictos carcelarios, la intervención de los equipos interdisciplinarios en la resocialización de personas, la Ley de Peculio, y otros trabajos que se realizan dentro de las alcaidías para que las personas que se encuentran en contexto de encierro puedan planificar una vida dentro y fuera de la cárcel.

“El uso de celulares es solo uno de los ejes que se llevan adelante en las cárceles que dependen de la provincia, y ha sido una herramienta eficaz para establecer un diálogo, tomar medidas de protección para el interno e incluso pacificar alguna situación de conflicto; así como también garantizar el acceso a la educación del interno y la vinculación con su grupo familiar cercano”, indicó.

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"Sin embargo, también se encuentra regulado el uso indebido de los aparatos, y la Justicia se encarga de investigar delitos cometidos desde los mismos", expresaron desde Gobierno.

“Las personas en contexto de encierro están tratando de reinsertarse"

En tanto, Zalazar explicó: "La comunicación a través de celulares, les ha permitido -principalmente a quiénes tienen familias- tomar contacto de manera regular y participar de la vida familiar que se desarrolla fuera de los muros de las cárceles. El celular es positivo en la medida que sirva para la readaptación social de las personas”, dijo.

Por otra parte, en 2021, se ha establecido el Protocolo para la Prevención y Solución de Conflictos Disciplinarios y Fomento de la Mediación en Contexto de Encierro, siendo Chaco la primera provincia del país en implementar una normativa de estas características. Se trata de una herramienta legal que tiene como objetivo propiciar el cumplimiento del mandato constitucional de resocialización. De esta manera, se avanza hacia la pacificación de las relaciones sociales, acercamiento voluntario, empatía, escucha activa, encuentro, acuerdo, reconciliación y solución del conflicto en contexto de encierro.

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El protocolo fue desarrollado considerando que el objetivo de la ejecución de la pena privativa de la libertad de una persona es la resocialización, y en ese marco, el Estado tiene la obligación de proporcionar los medios necesarios para que las personas puedan incorporar todas las herramientas que le permitan un egreso pacifico de las cárceles durante el tiempo de condena con prisión efectiva. Este concepto es de jerarquía constitucional en Argentina.

En tanto que en el marco de las acciones de readaptación y desarrollo personal de las personas privadas de su libertad, se sancionó en la Legislatura provincial la Ley de Peculio, que tiene como fin promover la inclusión social de las personas en conflicto con la ley a través de una herramienta “dignificante” como es el trabajo. Para ello, el Centro de Liberados de la provincia impulsa capacitaciones y acompañamiento a las personas tuteladas que se encuentren de transición entre el contexto de encierro y la libertad; para lo que requieren de apoyo para reinsertarse en la sociedad, acceder a educación y empleo formal.

Infraestructura y tecnología

Además se impulsaron obras de infraestructura en el marco del decreto de emergencia carcelaria que incluyeron la ampliación y construcción de nuevas unidades para el alojamiento de personas condenadas que se encontraban cumpliendo condenas en comisarías. Esto permitió ampliar la capacidad de las cárceles, pero también mejorar las condiciones de detención de las personas, en cumplimiento con garantías de rango constitucional en materia de contextos de encierro.

En ese marco, también se instalaron cámaras de seguridad e inauguraron las salas de videovigilancia en las alcaidías con el objetivo de monitorear el funcionamiento interno de las cárceles, prevenir e intervenir rápidamente en situaciones de conflicto. 

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