Ante el resiente doloroso hecho sucedido en la ciudad de Villa Ángela, con el suicidio de una menor de edad, como consecuencia del hostigamiento de su abusador con un celular desde la cárcel, el diputado Livio Gutiérrez recordó que en octubre del 2016 dio ingreso al Proyecto de Ley Nº 4196/2016, que solicitaba que se prohíba el uso de telefonía celular e internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la provincia.  

Además, el proyecto estipulaba que el Ministerio de Gobierno y Justicia debía adquirir e instalar equipos destinados a inhibir, bloquear o anular de manera permanente la señal de telefonía celular e internet, en el interior de los penales provinciales.

“Lo sucedido ayer es una situación aberrante, de absoluta responsabilidad del Gobierno provincial, un hecho como muchos otros que se repiten a diario: estafas a adultos mayores, posteos en redes contra familiares de gente que fue asesinada, coacción e intimidación a testigos, continuidad del manejo de narcotráfico y solo no son públicos, porque no llegan a la muerte”, remarcó.

“En este caso, una menor padeció el constante acoso de su abusador, conforme a los primeros informes. El Estado provincial y sus funcionarios que habilitaron esto sin controles, debe hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones que, advertimos, tendrían efectos preocupantes para con la sociedad y de imposible cumplimiento y contralor”, puntualizó Gutiérrez.

Asimismo, el legislador reclamó que su proyecto nunca fue tratado por el recinto, a pesar de haber solicitado nuevamente su tratamiento en junio de este año, luego de que en mayo, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, mediante la Resolución N° 676, oficializó el protocolo para uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de libertad.

En este sentido, Gutiérrez indicó su rechazó a que las personas privadas de libertad utilicen telefonía móvil. “En el mundo se les da teléfonos fijos y horarios de llamadas, las penitenciarías adoptaron un sistema para informar que la llamada salía de una penitenciaría. De esta manera, están asegurando una comunicación que es de muy difícil contralor, lo cual es preocupante la decisión que tomó Capitanich de liberar el uso”, planteó el legislador.

“Si tenés un celular lo vas a usar a la hora que sea, cuando sea y cuando quieras, o usas el del compañero de celda, como en el caso de estos días, o tenés varios chips o múltiples cuentas de Facebook o Instragram. En síntesis, el Gobierno abrió las puertas al infierno a la gente honesta”, concluyó.

EL INADI PIDE MODIFICAR PROTOCOLO DE USO DE CELULARES EN CÁRCELES

Ante los hechos que son de público conocimiento, relacionados con el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad, la delegada del INADI en el Chaco, Nancy Sotelo, solicitó que se revise el protocolo que autoriza el empleo de estos dispositivos en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y en comisarías de la provincia, y se prohíba el uso a detenidos por delitos contra la integridad sexual y femicidios.  

Sotelo expresó su preocupación por un hecho ocurrido en Villa Ángela donde, según la información que trascendió a través de medios locales, un condenado por abusar de una menor de edad que estaba alojado en una comisaría, disponía de un teléfono móvil y lo utilizaba para hostigar a la chica, de 15 años, que terminó quitándose la vida el día de Navidad.

La delegada del INADI explicó que el protocolo para uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad en comisarías y en unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia del Chaco tiene como objetivo facilitar el contacto de los detenidos con sus familiares y que el mismo se puso en marcha durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid 19, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos.

Sin embargo, advirtió que desde hace un tiempo, familiares de víctimas de femicidios y abusos sexuales vienen denunciando el uso malintencionado de dispositivos móviles, por parte de personas detenidas, por esos graves delitos.    

“Queremos expresar nuestra preocupación por este tipo de situaciones y solicitar a las autoridades provinciales con competencia en la materia que, en función de los hechos que son de público conocimiento, actualicen el protocolo que regula el uso de dispositivos móviles por parte de personas privadas de la libertad. Lo que se pide, concretamente, es que no se permita el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos con acceso a internet a detenidos por femicidios y delitos contra la integridad sexual”, sostuvo Sotelo.