Este viernes, la Jueza de Garantías, Agustina Bagniole que interviene en la investigación por el crimen de Agustina Fernández, dio lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva por seis meses para el amigo de la víctima, Pablo Parra, de 24 años.

El asesinato de la joven de 19 años ocurrió el 2 de julio de este año, en el departamento del principal acusado, en la ciudad de Cipoletti, a donde se había mudado la víctima para estudiar Medicina.

La calificación legal del caso es femicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y el acusado lo está en carácter de autor.

El fiscal del caso, Martín Pezzeta, expuso por más de una hora, todos los elementos analizados durante estos seis meses para poder reconstruir los hechos, negando la coartada del robo que sostiene el principal acusado.

En primer lugar, Parra "habría pactado un encuentro para cenar con la víctima, asegurándose que ella se encuentre en el interior de su departamento, lugar al que conocía y circunstancia aprovechada para poder darle muerte".

Alrededor de las 19 de ese fatídico sábado, "se retiró del lugar aduciendo que iba a comprar algunos elementos para la cena, pero a los pocos minutos volvió al departamento en donde la atacó tomándola de los pelos para posteriormente golpearla en el suelo con un objeto contundente sin filo", detalló. 

Luego, Parra se retiró del lugar, nuevamente, tal como indican testigos y "fingió sorpresa de encontrar a Agustina herida por lo que solicitó auxilio a sus vecinos manifestando que le habían robado y que llamaran a una ambulancia. Agustina falleció pocos días después".

"Tenemos un hecho brutal que no condice con un robo", afirmó Pezzetta, asegurando que era difícil el ingreso de personas ajenas al complejo de departamentos.

“Por la evidencia encontrada en el lugar se pudo determinar que primero se produjo el ataque y luego el robo, que en realidad no existió”, enfatizó el fiscal y agregó que "en todas las prendas de Agustina se encontraron telas azules compatibles con la que se encontró en el patio".

Por último la jueza Bagniole consideró "que hay un clarísimo riesgo de entorpecimiento de la investigación, hay riesgo procesal porque aún hayan sido recabados los hallazgos objetivos queda mucha prueba por producir", expresó, argumentando la prisión preventiva para el acusado.

Rescataron a una monja encerrada contra su voluntad

Un hecho insólito se dio en un convento de San Bernardo, Salta: una mujer que tenía la autorización del Vaticano para dirimir en su estado de monja, se encontraba encerrada en contra de su voluntad en el convento.
Pese a mediar una orden del Papa Francisco para disponer la baja eclesiástica de una religiosa, las autoridades del convento administrado por la orden de Carmelitas Descalzas, religiosas de la clausura, y dependiente del Arzobispado provincial, le negaron el libre albedrío.

La Fiscalía Penal Nº2, a cargo del doctor Ramiro Ramos Ossorio, recibió una denuncia que hablaba de una privación ilegítima de la libertad en el convento San Bernardo. Con orden de allanamiento, se ingresó al predio y la mujer damnificada fue retirada del lugar.

Al principio, las autoridades religiosas manifestaron que debían disponer de la autorización proveniente del Vaticano. Sin embargo, cuando esta documentación llegó a sus manos, le negaron la posibilidad de retirarse, al punto que desde esa institución se llegó a prohibir directamente el contacto con los familiares de la mujer.

Esta actitud hizo que la Fiscalía ordenara a la Policía que se entrevistara con las autoridades del Convento, como última oportunidad, pero no fueron recibidos. Entonces, el fiscal Ramos Ossorio solicitó al Juzgado de Garantías en turno una orden de allanamiento para el predio. Con la intervención de la fuerza pública y la colaboración de Bomberos, se logró ingresar al edificio sin forzar el acceso.

Ya en el interior, entrevistaron a la mujer damnificada, quien ratificó su intención de retirarse del lugar, por lo que fue trasladada a un lugar seguro.

El Fiscal explicó que las actuaciones continúan su trámite y que dispuso el cumplimiento de numerosas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho denunciado.