Días atrás, la dirigente social Marcela Acuña recibió una notificación de la Municipalidad de Resistencia, la cual la acusa de “desobediencia a un agente municipal” por la avenida Soberanía Nacional, ocurrido el 12 de diciembre del 2020.

Ante ello, le exigen el pago de una multa, equivalente a 300 litros de nafta Súper, a valor del ACA, dentro de las 48 horas. Serían más de 40 mil pesos.

“Esta citación ridícula pero mal intencionada me llegó”, expresó Acuña, quien denuncia persecución política por parte del intendente de la ciudad, Gustavo Martínez.

Luego de ello, la dirigente envió una contestación legal, donde interpuso un recurso de apelación ante la sentencia de la jueza de Faltas Municipal.

“En las actuaciones de referencia se me imputa una serie de infracciones, todas ocurridas el 12 de diciembre de 2020 y que se motivan en la desobediencia a la autoridad municipal en el ejercicio de sus funciones. Lo cierto es que tales actas labradas carecen de sustento probatorio, ya que no estuve en el lugar ni en la fecha ni en la hora señalada en las actas de infracción”, aclaró Acuña.

“Se tratan de actas de infracción fraguadas, basadas en hechos inexistentes y que constituyen verdaderos actos de acoso, abuso de poder y violencia institucional. Y lo que más me preocupa es saber de dónde sacaron mis datos personales para falsificar tales actas, lo que evidencia a todas luces que alguien, y desconozco de qué forma, ha entrado en alguna base de datos personales para robas esos datos y usarlos para fraguar las actas de infracción en contra de mi persona”, sostuvo.

“Las actas cuestionadas fueron labradas en desmedro de las garantías constitucionales y convenciones internacionales con jerarquía consitucional, atento a que dicho procedimiento, como fue ejecutado, importa el ejercicio de violencia institucional mediante el ejercicio de actos sancionatorios sin sustento probatorio por parte de la autoridad municipal”, asegura.