Este martes se reanudaron los alegatos de la Fiscalía en el juicio oral por la obra pública que recibió para Santa Cruz el empresario Lázaro Báez y que tiene a Cristina Kirchner como principal imputada, como jefa de una asociación ilícita.

En su segundo día de exposición, el fiscal Diego Luciani realizó un análisis de las 51 obras públicas que recibió Báez, y concluyó que “las licitaciones eran una ficción porque no hubo control”.

Así, planteó que hubo “un corrimiento grosero de la ley, una ficción, un montaje”, con fuertes acusaciones a los imputados.

En la segunda audiencia de alegato de la Fiscalía no estuvo presente la Vicepresidenta, que pidió autorización para ausentarse este martes y el próximo viernes por “tareas parlamentarias”.

En este juicio, Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que direccionó contratos millonarios de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez, a cambio de retornos a través de los hoteles de la familia de la actual vicepresidenta.

En su alegato, el fiscal Luciani se refirió a la causa Vialidad como “un caso paradigmático de corrupción”, dijo que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “despedazaron el Estado de Derecho” y que “desde lo más alto del poder, omitieron cualquier acción tendiente a impedir el derroche de los fondos del Estado”.

Asimismo, afirmó que “hubo un direccionamiento grosero e inadmisible y una falta total de control” y que eso “era imposible que se permitiera si no fuera porque la orden venía de lo más alto del Poder Ejecutivo”.

Además, Luciani sostuvo que hubo “un corrimiento grosero de la ley, una ficción, un montaje” y que “las 51 licitaciones fueron aparentes, una puesta en escena, una serie de actos para darle aspectos de legalidad, cuando hubo contratación directa, direccionada”.

En esa línea, el fiscal aseguró que en las licitaciones “no había competencia, solo competían las empresas de Báez entre sí”.

A su vez, Luciani remarcó que que en 47 de las 51 licitaciones “se permitió que se cometieran todas las irregularidades y actos discrecionales”, y que “lo importante era la extracción de fondos y no la realización de obras”.

En su alegato, que continuará este miércoles, el fiscal aseguró que “la contratación pública, la inversión pública es uno de los ámbitos mas proclives para los actos de corrupción", y agregó que "la administración debía ser muy cauta y rigurosa al momento de disponer los fondos del estado porque son los fondos de todos los argentinos, no de un gobierno", al tiempo que sostuvo que en los casos de las obras de Báez, “las medidas de prevención fueron destrozadas por la propia administración pública”.

Además de Cristina Kirchner, Báez, De Vido, López, Carlos Kirchner y Periotti también están siendo juzgados el ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

Cuando la Fiscalía finalice su alegato será el turno de cada una de las 13 defensas.