Luego de varias semanas, se retomará el debate por la Ley de Alquileres en la Cámara de Diputados. A partir de las 13 de este miércoles se reunirán las comisiones de Legislación General y Presupuesto, que encabezan Cecilia Moreau y Carlos Heller, y según anticiparon, la expectativa es que se emitan dos dictámenes sobre el proyecto de reforma a la ley vigente.

El Frente de Todos propone mantener la ley vigente y sumar algunos beneficios fiscales a los propietarios que alquilan sus inmuebles para mejorar la oferta de viviendas; en tanto, varios bloques de la oposición impulsarán cambios como la reducción de los contratos de tres a dos años y los acuerdos entre propietarios e inquilinos sobre la modalidad de actualización.

Desde el interbloque de Juntos por el Cambio esperan sumar una mayoría más amplia a la que tenían hasta ahora y alcanzar con un solo proyecto unificado. Se sumarían los diputados del Interbloque Federal, que a diferencia de los demás proyectos proponen un tope para los aumentos de los alquileres, que no pueden superar la inflación acumulada al momento de la firma del contrato.

La intención de la oposición es sumar también a los socialistas, aunque no estaba aun definido. “Vamos a reunirnos y después dictaminamos. Estamos dando los últimos detalles para poder sumar una mayoría más grande”, señalaron desde el interbloque de Juntos por el Cambio.

Las modificaciones a la Ley de Alquileres fueron analizadas durante un mes por la comisión de Legislación, pero como en los proyectos se incluyeron incentivos fiscales, debían pasar previamente por la comisión de Presupuesto.

Las principal diferencia entre el oficialismo y los bloques opositores es que el Frente de Todos mantiene los principales artículos de la ley votada en 2020, como los tres años de contrato y la actualización anual con un índice que combina inflación y variación salarial. Por su parte, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal proponen volver a los dos años y ajustes semestrales acordados entre las partes.

La Ley de Alquileres entró en vigencia hace dos años, pero a los pocos meses sus efectos no deseados hicieron que diversos sectores comenzaran a plantear cambios y fue uno de los lemas de de campaña de la oposición en las últimas elecciones legislativas. A fines del año pasado, el propio Gobierno reconoció la necesidad de modificaciones.

Su sanción introdujo dos cambios clave, que generaron incertidumbre entre los propietarios: extender la duración de los contratos de dos a tres años y una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación. Con su aprobación, según datos del mercado, se produjo una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos, con dueños que buscaban cubrirse de sus efectos negativos y de la baja rentabilidad (los alquileres se pagan en pesos y las propiedades en dólares).

En noviembre del año pasado, Sergio Massa anunció que impulsaría una modificación de la ley actual. Y unos meses después, el 1º de marzo pasado, durante la apertura de las sesiones en el Congreso, el presidente Alberto Fernández también pidió avanzar con los cambios.

Sin embargo, el tratamiento legislativo se demoró y luego de que la oposición anunciara la convocatoria a una sesión especial para derogar la ley en abril pasado, los distintos bloques llegaron a un acuerdo para que se debata un proyecto consensuado.