Este jueves, Jorge Capitanich y Analía Rach Quiroga encabezaron la primera reunión de la mesa intersectorial de Lucha contra la Violencia Institucional que se llevó a cabo en Casa de Gobierno con la participación de funcionarios del gabinete provincial, del Poder Judicial, organizaciones civiles y familiares de víctimas.

“En cada punto abordado se propone el mismo espíritu de la Ley de Seguridad Democrática y un mayor control civil para erradicar definitivamente este tipo violencia”, subrayó el mandatario.

El gobernador explicó que se trató de “una instancia muy importante de debate concreto” donde se abordaron siete ejes centrales: la creación formal de la mesa intersectorial, la reforma y mejoramiento del área de medicina legal conocida como sanidad policial, avances del órgano de control institucional, avances en las investigaciones sobre delitos de violencia institucional, regulación de la defensa policial, patrocinio de policías y reparación económica a hijos e hijas de víctimas de violencia institucional. 

La mesa se crea a través del Decreto 1191-22, como ámbito de diálogo entre todos los sectores para la implementación de políticas públicas que permitan erradicar esta problemática. La integran los tres poderes del Estado, el Comité de Prevención de la Tortura, organizaciones de la sociedad civil  y familiares de víctimas. Este espacio será convocado cada 30 días para evaluar el avance de las medidas acordadas.

“Nunca más a la violencia institucional"

“La idea es que nos una como comunidad el nunca más a la violencia institucional”, subrayó la subsecretaria de Derechos Humanos Nayla Bosch, quien destacó la participación en la primera convocatoria de referentes del Superior Tribunal de Justicia, de la Procuración, la Defensoría General, organizaciones sociales y familiares de víctimas de violencia institucional, además funcionarios y funcionarias del gabinete provincial. 

“Entre otras cosas, hablamos también sobre las formas de defensa de los trabajadores policiales, planteando una igualdad de condiciones en relación al resto de la ciudadanía, respetando siempre el derecho a la defensa”, comentó la subsecretaria.

Sobre el ítem de sanidad policial, explicó que se propone que pase de la órbita de la policía a la de salud pública en un proceso ordenado, “entendiendo –dijo- que también es prioritaria la atención de la salud de los policías”. 

“Y es importante comprender también que el control de la salud de las personas privadas de su libertad debe hacerse por parte de los civiles; de esa forma también se preserva la prueba para posibles investigaciones”, precisó.

Con respecto al patrocinio de policías, la funcionaria dijo que se revisará la situación y se hará un diagnóstico con el fin de pensar un protocolo para que el patrocinio se pueda dar en igualdad de oportunidades para con el resto de ciudadanos y ciudadanas. “La idea es no hacerlo en casos penales específicamente, de manera interna, dentro de la policía”, añadió. 

“También en causas de violencia institucional se hizo un resumen de todas las querellas por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y se expusieron las limitaciones en el efectivo acceso a la Justicia”, agregó Bosch al listado de temas tratados en la reunión.

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