Una vez más, la gestión municipal de Gustavo Martínez no puede convencer a la justicia, y con ello, sus decisiones y acciones podrían volver a quedar sin respaldo legal, según explicó el concejal Fabricio Bolatti. 

El mismo requirió a la justicia que solicite un informe para determinar si el Ejecutivo municipal dio cumplimiento a la sentencia Nº 113, dictada el 28 de junio de 2021, que hizo lugar a la acción de amparo promovida por la parte actora y declaró la inconstitucionalidad de la Ordenanza General Impositiva y Tributaria N° 13.477, sancionada el 30 de diciembre del 2020 para el ejercicio fiscal, correspondiente al año 2021.

La respuesta del Municipio a la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, respecto de la solicitud de Bolatti, fue calificada como “insuficiente e ineficaz para demostrar el cumplimiento de la Sentencia 113, a lo que se agrega que no está respaldado por documentación alguna, ni se remiten los actos administrativos que acrediten esas circunstancias”.

Por tal motivo y para dar cumplimiento a los pasos procesales de rigor, el Tribunal respondió a cada uno de los planteos que realizó el Ejecutivo municipal y resolvió: “… intimar al intendente de la Municipalidad de Resistencia, Sr. Gustavo Martínez, para que en el término de cinco días de notificado, informe acerca del cumplimiento de la Sentencia N° 113 del 28/06/21 que declaró inconstitucional la Ordenanza General Impositiva y Tributaria Nº 13.477 aprobada para el Ejercicio Fiscal 2021. Fijándose en concepto de astreintes la suma de pesos cinco mil ($ 5.000,00) por cada día de retardo hasta su efectivización, en caso de incumplir la manda judicial, y de correr vista al Equipo Fiscal que en turno corresponda”, esto último es para que en el fuero penal se determine la existencia o no de un delito.  

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE MULTA A LA GESTIÓN POR INCUMPLIMIENTO

En esta gestión y sólo en lo tributario, el intendente Martínez debe un monto de alrededor de 30 mil pesos, por incumplir un fallo de Cámara, dinero que por pedido de Bolatti, será destinado a la Fundación Libera Chaco (organización protectora de animales). 

El resistido pago por parte del intendente, llevó el reclamo a la instancia ejecutoria. En esa primera oportunidad, el incumplimiento se dio en la sentencia que declaraba inconstitucional la Ordenanza 13.258 del 2020, identificada popularmente como “impuestazo”.

EL ARGUMENTO DE LA MUNICIPALIDAD

Los ejes erigidos por el municipio para justificar el incumplimiento del fallo fueron:

• Que presentó un recurso al STJ para que revise la sentencia.
• Que la cuestión es abstracta, porque ya está vigente la Tributaria 2022, y que la misma deroga de hecho la anterior 2021, por lo que ya no había situación que remediar.
• Que el impuesto Inmobiliario y de Patentes no sufrieron modificaciones entre el 2020 y 2021, ya que la Ord. 13.294 (que reemplazó al impuestazo, vigente para el ejercicio 2021), fue prorrogada sin ninguna modificación). 

Aludió que en los casos particulares donde el contribuyente pudo notar incrementos y observar boletas con valores interanuales mayores en el Inmobiliario, pudo deberse al aumento de metros cuadrados en la edificación que impactó en la valuación del edificio; en el caso de Tasa Retributiva de Servicios, eso se pudo deber a la rezonificación dispuesta por la Ord. 13.377; y en Patentes, por la actualización de las valuaciones de los vehículos de los contribuyentes.  

LA RESPUESTA JUDICIAL 

En síntesis, el Tribunal respondió:

• Que la Sentencia es ejecutoria, lo que significa que aunque se interpuso el Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad, no suspende lo ordenado en el decisorio, por lo que corresponde intimar su cumplimiento al intendente de Resistencia, quien deberá ajustar sus funciones de jefe de la administración municipal a la sentencia de mérito, a fin de salvaguardar las facultades legislativas, competencias y prerrogativas constitucionales de los actores, y los principios constitucionales de legalidad y de reserva de ley tributaria. Que si el STJ corrige la Sentencia, sus efectos son de tipo “devolutivo”.
• Que la cuestión debatida no resulta abstracta, porque la Ord. 13.761 del 28/12/21 no satisface lo ordenado en esta causa ni los términos del fallo, dado que fue aprobada para el Ejercicio Fiscal del año 2022, y no derogó la Ord. 13.477 sancionada el 30/12/20 para el Ejercicio Fiscal 2021.
• Que no está respaldado por documentación alguna, ni se remiten los actos administrativos que acrediten esas circunstancias.

SOBRE LA INCORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMA Y EL INJUSTIFICADO E ILEGAL AUMENTO 

En un apartado especial, Bolatti explicó sobre la incorrecta aplicación de la norma y el injustificado e ilegal aumento de tasas y servicios que liquida el Municipio a los contribuyentes, el que deberá ser devuelto y que, de definirse así, solicitarán a la justicia que tome las medidas para garantizarse.