Este viernes, Mayra Mendoza, la intendente kirchnerista de la ciudad bonaerense de Quilmes, fue imputada en la causa que investiga el desvío de 535 millones de pesos a entidades vinculadas a funcionarios de su cercanía.

El fiscal federal Ramiro González tomó la decisión de imputar a la jefa comunal junto a exfuncionarios acusados de presunta malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.

La maniobra que se investiga, se habría desarrollado durante los 14 meses transcurridos entre diciembre de 2020 y febrero de 2022, en beneficio de cooperativas que fueron organizadas por “Sebastián Roberto Raspa, Subsecretario de Hábitat del municipio bonaerense de Quilmes, quien junto a su socio y ex funcionario quilmeño Martin Bordalejo, administran una interesante cartera de cooperativas y sociedades anónimas”, según denunció el abogado Santiago Dupuy de Lomé a raíz de una publicación en el medio El Disenso, por el cual se abrió la causa.

La fiscalía se detalló que los dos ex funcionarios habrían participado de las siguientes organizaciones: “Federación de Cooperativas de Trabajo 1ª De Mayo Ltda, Cooperativa de Trabajo La Estrella Ltda, Cooperativa de Trabajo Para El Futuro Ltda, Cooperativa de Trabajo Progreso Ltda, Cooperativa de Trabajo Hasta La Victoria Siempre Ltda, Cooperativa de Trabajo Ruben Rodríguez Ltda, Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Ltda, Cooperativa de Trabajo La Unión De Azul Ltda y Cooperativa de Trabajo Imprenta 19 de Febrero Ltda”.

"Las siete cooperativas de Raspa han obtenido una gran cantidad de contratos a raíz de su amistad con Mendoza, que a sabiendas de eso le autorizó los contratos descuidando los fondos públicos que debe administrar”, manifestando que tales fondos no sólo eran direccionados hacia las referidas offshore, sino que también eran “para hacer caja para su agrupación política La Cámpora”, afirma la denuncia.

En la causa fueron imputados también José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler. “Ello, no obsta a que con el devenir de la investigación se logre identificar a otros sujetos que participen en el hecho denunciado”, dijo el fiscal González.

Siempre según la denuncia, el exsubsecretario de hábitat del referido municipio, Raspa recibió de la intendencia de Mayra Mendoza la suma de $535.000.000 para tareas de recolección de residuos y mantenimiento de espacios verdes.

El monto habría sido destinada a offshores que Raspa tendría en Miami y en las cuales figuraría como director Bordalejo, también funcionario municipal, socio y amigo, quien inscribió en Estados Unidos las empresas Raspa Investments LLC y Borda Investments LLC.

Con la apertura de la investigación, el fiscal impulsó una batería de medidas, con las que busca determinar los datos de cada una de las cooperativas involucradas en la maniobra, por lo que se pidió al juez Ariel Lijo que requiera al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) si ante ese organismo se han efectuado denuncias que involucren a alguna de las referidas cooperativas.

También quiere que se informe "todas las cooperativas en las cuales figuren como miembros Sebastián Raspa, Romina Cangelosi, Martín Bordalejo y José Alejandro Scozzari. Asimismo, en caso de haberse detectado patrones comunes entre las cooperativas" bajo investigación. 

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