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Bibliotecas populares piden el tratamiento de la Ley 27.432

Este fin de semana, referentes de bibliotecas populares de la provincia llevaron a cabo una manifestación en el Parque de la Democracia, juntando firmas.

Actualidad 25 de abril de 2022
Referentes de bibliotecas populares
Referentes de bibliotecas populares.

Las bibliotecas populares del Chaco están llevando adelante una campaña de junta de firmas, para solicitar a los Legisladores el tratamiento de la Ley 27.432. En esta oportunidad, estuvieron en el Parque de la Democracia, las Bibliotecas Populares: Prof. Leopoldo Herrera, El Principito, Doctor José Torres, Celmira G. de Cabral y María Elena Mansilla de Lizondo.

Se trata de la urgente modificación del inciso b) del Artículo cuarto de la Ley 27.432, por el grave perjuicio que su entrada en vigencia ocasionaría al funcionamiento y existencia de las bibliotecas populares y a la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación.

La mencionada Ley contradice el espíritu y la vigencia de la Ley Nº 23.351, dictada en 1989, por la que se establece el marco normativo que regula los preceptos atinentes a las Bibliotecas Populares, crea la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares con su actual formato (reformulando la Ley 419 dictada por Sarmiento en 1870) y establece en su  artículo 14 la creación de un “Fondo Especial”, destinado exclusivamente al otorgamiento de beneficios directos a Bibliotecas Populares reconocidas por la CONABIP.

“Dicho fondo se conforma por el 5% de lo recaudado, mediante el “gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos” previsto en la Ley 20.630, cuya prórroga se encuentra vigente y así lo ha sido cada diez años, hasta la sanción en el año 2017 de la  mencionada Ley 27.432 que viene a derogar, con efecto a partir de diciembre de 2022, el beneficio reconocido como derecho a quienes siendo organizaciones de la sociedad civil prestamos un servicio público en materia cultural y ciudadana, algunas desde hace más de 100 años; otras recientemente creadas al calor de las necesidades de nuestras comunidades, con el consiguiente riesgo de destrucción de nuestra actividad”, explicaron desde el sector.

“Si la Ley 27.432 no se modificara antes de la entrada en vigencia del articulado que afecta de manera directa al Fondo Especial, provocará un fuerte desfinanciamiento de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que impactará directamente en el desmantelamiento de las políticas que promueven el desarrollo y fortalecimiento de más de 1200 bibliotecas populares de todo el país”, concluyeron.

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