UPCP anunció este lunes que rechaza el proyecto de ley 662/2022, remitido unilateralmente por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, para imponer el pago de aportes al personal pasivo, por conceptos salariales otorgados al personal activo.

Además, denuncian un ataque artero a los empobrecidos bolsillos del sector pasivo y movilizarán a la Cámara de Diputados para solicitar el inmediato archivo del proyecto.

El secretario  General de UPCP, José Niz, manifestó la expresa y categórica oposición de los trabajadores de la administración pública provincial, entes descentralizados y autárquicos al Proyecto de Ley  662/2022. Calificó al proyecto de inconstitucional y discriminatorio hacia el sector pasivo, porque tiene como objetivo inmoral imponer el pago de aportes por nuevos conceptos salariales reconocidos al personal de planta permanente en actividad.

“Poniendo como excusa la paternalista idea de preservar la caja jubilatoria se viola la Constitución Provincial, que establece el derecho a jubilaciones y pensiones móviles, lo que implica que los incrementos asignados al personal activo automáticamente deben ser abonados a los jubilados en el porcentual correspondiente. Por ende, es inconstitucional retener indebidamente aportes, basado en que no han contribuido al sistema previsional por conceptos nuevos”, sostuvo el dirigente.

“Este es un manotazo a los bolsillos del sector pasivo, que han contribuido durante toda su trayectoria laboral a la caja previsional para tener una jubilación digna al término de su carrera administrativa, con el agravante que se viola el principio de movilidad jubilatoria que le garantiza un haber actualizado, conforme las mejoras salariales que recibe el personal activo”, detalló Niz.

Por otro lado, explicaron que el Insssep arbitrariamente, en el año 2008, dictó la Resolución de Directorio N° 1414, para habilitar la imposición del cargo por aportes  por nuevos conceptos incorporados por el Ejecutivo al haber del personal activo.

“Esa Resolución fue declarada inconstitucional como resultado de la interposición de acciones judiciales y, por ende, el Insssep fue compulsado a reintegrar los fondos indebidamente retenidos y que afectan la garantía constitucional prevista en el Art. 75 que dice: “La ley asegurará jubilaciones móviles e irreductibles y pensiones de igual carácter a los beneficiarios de las mismas, a quienes garantizará los siguientes derechos: el haber mensual de la jubilación ordinaria móvil, de como mínimo, el ochenta y dos por ciento (82%) de las remuneraciones actualizadas, siendo su movilidad automática”. Es decir que la Ley N° 6436 no establece aportes personales de ninguna naturaleza, cuando se actualiza el haber jubilatorio”, explicaron desde el gremio.

“La Cámara de Diputados y los funcionarios que dicen estar preocupados por el déficit previsional, tienen la solución en sus manos y deberían instar al Poder Ejecutivo a  terminar de una vez y para siempre con la precarización laboral, transferir las contribuciones patronales en tiempo y forma al Insssep y que se respete la autarquía y autonomía del organismo previsional, tal como lo señala el Art. 1 de la Ley 800-H”, concluyó Niz.