El polémico cargo extra por “servicio de playa” que fuera implementado en el negocio expendedor en la primera década de los años 2000, recobra fuerza y surge como una de las propuestas que, sin decirlo públicamente, están analizando empresarios y gremios del sector en la medida que el gobierno y las petroleras insistan en la decisión de no actualizar los precios al surtidor.

Consultado por la posibilidad de que esta figura jurídica se utilice en un futuro no muy lejano, el dirigente estacionero chaqueño, Miguel De Paoli, se refirió en Surtidores.com, sobre la experiencia aplicada diez años atrás.

Así, dejó en claro que este servicio adicional no es una cura al problema de la rentabilidad, la cual hoy solamente se arregla liberando los precios y sincerando el sistema de costos y beneficios de las operaciones de venta de combustibles.

“El respaldo jurídico para que esta acción se concretara fue la necesidad de afrontar el pago de los sueldos en momentos donde la ecuación económica no era la conveniente, hecho que fuera reconocido tanto por empresarios, como por gobierno y sindicatos”, expresó De Paoli.

Recordó que quedó comprobado que fue una herramienta exitosa que quedó disponible en los antecedentes jurídicos y que dio sus primeros pasos en el Chaco.

Observó que tras su instrumentación en aquellos tiempos, asociaciones de defensa del consumidor y hasta la propia justicia, lograron frenar la medida, que según De Paoli, “era más conveniente para aquellos operadores como los de YPF que fijaba la bonificación a sus operadores, por funcionar bajo el esquema comercial de consignación”.

Vale recordar que el “servicio de playa”, se trataba de una especie de canon que se aplicaba sobre el litro de nafta, GNC o gasoil, de aproximadamente un 3%, que en la práctica funcionaba como un incremento automático de la comisión a cargo de los automovilistas.