El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) aprobó un programa de 1.000 millones de pesos que dará Internet a las cárceles federales. La idea es que los presos puedan participar de audiencias judiciales, capacitarse y tener “contacto con familiares y allegados a través de plataformas virtuales”, según fue publicado en la Resolución 2183/21 del Boletín Oficial.

El dinero provendrá del Fondo de Servicio Universal (FSU), previsto en la Ley N° 27.078, que busca fomentar la conectividad de escuelas y hospitales de zonas vulnerables, con una inversión de $8000 millones anuales.

La iniciativa para que el plan se extienda a las prisiones que alojan a los principales capos de la droga, secuestradores, delincuentes ligados a la trata de persona y políticos con causas de corrupción fue impulsada por la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori.

El plan fue aprobado por la mayoría oficialista del ENaCom. Solo dos directores se opusieron: Silvina Giudici y José Corral.

¿Qué falta para que las cárceles tengan Internet?

El programa aprobado ya fue creado, pero para poder contar con los fondos del Estado cada penal debe presentar un proyecto que detalle características técnicas y objetivos de la conectividad. Es decir, qué sector del penal se habilitará para wifi.

Uruguay busca impulsar empleos remunerados para presos

El gobierno de Uruguay está trabajando en "el armado jurídico y la reglamentación" de un programa destinado a fomentar el empleo remunerado y los emprendimientos particulares entre los presos en su sistema penitenciario, reveló este domingo la prensa local.

Se trata del Plan de Dignidad Laboral para Personas Privadas de Libertad, que es elaborado en el Ministerio del Interior y que el ejecutivo de Luis Lacalle Pou aspira a implementar a partir del 1 de enero próximo, según el diario montevideano El Observador.

El proyecto "plantea en forma directa la creación de empleo" para los reclusos "a través del fomento al trabajo en emprendimientos particulares dentro de las propias unidades penitenciarias", afirmó el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González.

La iniciativa procura establecer "una serie de condiciones que les permitirán vender los productos y servicios que generen, a través de iniciativas personales o integradas por hasta cinco personas, todas en situación de reclusión", añadió.

La "premisa central" del proyecto es "que los reclusos puedan percibir un salario por el trabajo que realicen, que, en la mayoría de los casos, será a través de una suerte de autogestión", precisó el funcionario.

Para poner en marcha el programa, el Ministerio del Interior financiará la compra de insumos y la publicidad de los productos o servicios en una página web específica, según González.

Asimismo, las autoridades procuran que, a través de este mecanismo, los reclusos puedan aportar al sistema previsional y de seguridad social como si fueran trabajadores autónomos, sin relación de dependencia.