A través de un pronunciamiento, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito resaltó que la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la cual cumplió un año este jueves 30, “es un paso histórico que amplió el marco de acceso a los derechos” que “cambia el día a día de las mujeres, lesbianas, varones trans, personas no binaries y niñas que se encuentran ante la situación de un embarazo no deseado”.

Según datos oficiales, fueron 32.758 las interrupciones de embarazos concretadas en Argentina, en condiciones seguras, en el sistema público al 30 de noviembre de 2021.

En el Chaco, según explicó la ministra de Salud, Carolina Centeno, a Revista Anfibia, “hubo un crecimiento exponencial de la práctica: se hicieron 526 interrupciones desde la sanción de la ley en enero del 2020 hasta octubre de este año, y el 92% fueron en el primer trimestre”. En 2019 se habían registrado 65 interrupciones legales y en 2020, 172. 

Por otro lado, existen 1.243 hospitales y centros de salud de todo el país que garantizan la práctica, lo que implica una oferta de un 30% en el último año.

Otro dato positivo es que la línea 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación de asesoramiento y derivación recibió 19.000 consultas sobre interrupción del embarazo, entre enero y noviembre, cuando en los diez años previos respondió en total 17.302 llamados vinculados a este derecho.

La información de la Cartera de Salud también indica que se distribuyeron en todo el país 46.283 tratamientos de misoprostol, el medicamento autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar abortos, mientras que en 2020 la cifra total fue de 18.590 unidades.

¿QUÉ DICE LA LEY?

La Ley 27.610 reconoce el derecho de mujeres, adolescentes y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, a decidir interrumpir un embarazo, y a requerir y acceder a la atención en el sistema de salud.

Hasta la semana 14 del proceso gestacional, inclusive, se contempla el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sin que sea necesario que la personas que solicita esta práctica exprese el motivo de su decisión.

Y contempla el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE), cuando es producto de una violación (una relación no consentida o bajo presión, incluso dentro de un noviazgo o matrimonio); o si el embarazo pone en riesgo la salud (física, psíquica y/o social) o la vida de la persona gestante.

El acceso a la IVE/ILE es gratuito en todo el país en hospitales, centros de salud, obras sociales y empresas de medicina prepaga.