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Ya rige la ley de cupo laboral travesti y trans en Argentina

Tras su reglamentación, el Estado deberá contratar al menos al 1% de personas travestis, transexuales y transgénero.

Nacionales 28 de septiembre de 2021
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Este martes, se reglamentó la Ley N° 27.636 que dispone que el Estado deberá contratar a personas travestis, transexuales y transgénero en al menos el 1% de la administración pública, según se publicó en el Boletín Oficial, a través del Decreto N° 659/2021.

En el texto que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se establece que se “debe ocupar, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal, puestos de trabajo con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

Además, aclara que el Estado está comprendido por los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, y las empresas y sociedades que le pertenecen.

Por otro lado, instan a que la ley se aplique a nivel federal ”a efectos de eliminar barreras geográficas” y añaden que “se prevén incentivos” para las empresas del sector privado que adopten esta iniciativa como prioridad en las contrataciones estatales "a aquellas personas jurídicas o humanas del ámbito privado que incluyan, entre su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero, y promocionará “líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos llevados adelante por personas del colectivo, así como también, su asesoramiento y capacitación para acceder a este beneficio”.

Finalmente, afirman que “las personas travestis, transexuales y transgénero están atravesadas por la estigmatización, criminalización y patologización sistemática por una gran parte de la sociedad y de las instituciones, lo que redunda en dificultades para el efectivo ejercicio del derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como también a la protección frente al desempleo, sin discriminación alguna”.

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