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¿Una Nación en constante sangría puede tener solución?

Por José Martín Sánchez Dansey (*)

Reflexiones 23 de septiembre de 2021
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José Martín Sánchez Dansey, abogado.

¡Para aquel que piense que la política es caminar por sendero fácil, está muy equivocado! "La política", entendida como el medio por el cual toda persona –individualmente o en conjunto– pretenda hacer valer sus ideas frente a otras con el propósito de alcanzar, algún día, el poder del Estado, siempre será una acción impregnada de constante lucha de intereses, muchas veces mezquinos. Así vemos que en nombre de “la política” el hombre ha llegado al extremo de encender las llamas de la guerra, para tiempo después y con la misma excusa decidir acallar sus horrores en pos de alguna paz.

Resulta sabido que mediante "la política" es posible alcanzar el pináculo de la gloria y el respeto de todos como también extraviar los pasos hacia el sendero más sombrío y tortuoso del odio y la desesperanza. A groso modo estos serían algunos de los muchos extremos que, según la buena o mala política, costará un menor o mayor grado de exigencia y por qué no, de sufrimiento. Estará en nosotros y solo en nosotros saber elegir el camino adecuado.

Pero, aun en conocimiento de los lados más oscuros de “la política”, no comprender la importancia que siempre ha tenido “la política” en el desarrollo de las distintas sociedades, sería de una gran torpeza. Máxime cuando numerosas poblaciones han alcanzado mediante ella una mejor forma de vida. No así los argentinos quienes evidentemente venimos transitando desde hace décadas el camino equivocado, ya sea por no haber podido o no haber querido encontrar ese justo medio tan necesario sin el cual todo lo hecho –poco o mucho– siempre termina diluyéndose como hielo en el sol.

Frente a este escenario de sucesivas frustraciones y fracasos, hoy podemos presentir el grado de urgencia que tiene la civilidad argentina para abandonar de una buena vez el callejón sin salida, producto de prácticas políticas retrógradas y dañinas para el común de la gente. Pero también debemos saber que, para poder dejar atrás tantos años de métodos distorsivos, provocadores de desvíos institucionales importantes, tal hecho no solo requerirá de la voluntad del pueblo, sino también de aquellos ciudadanos que estén dispuestos a llevar adelante la tarea específica de reconstruir el andamiaje normativo-institucional. Será este quehacer superior el que demandará un gran esfuerzo, mucho coraje, sabiduría, razón y comprensión por parte de todos, por ser esta la única forma de compatibilizar criterios, ideas y posturas en pos de alcanzar un entendimiento común.

¿Cómo hacerlo? Frente a este interrogante considero que el primer paso debe estar orientado a lograr la “REPARACIÓN ESTRUCTURAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE” en sus aspectos más importantes. Objetivo este sin el cual: No será posible recuperar la república ni sus instituciones. En este sentido entiendo que las personas encargadas de concretar dicha tarea tendrán que atenerse -previo a cualquier trabajo a futuro vinculado con el saneamiento de las normas legales-, como mínimo a la naturaleza y alcance de dos pilares fundamentales. El primer pilar está referido al marco legal superior y preexistente al hecho de la encomienda o sea al respeto irrestricto de la letra y el espíritu de la Constitución Nacional en sus redacciones 1853, 1860, 1994, incluidos los tratados y acuerdos internacionales incorporados bajo el mismo rango, ya que esta valiosa y eficaz herramienta, concebida por nuestros mayores, tiene fijado como norte: la idea de la libertad, cuyo fundamento filosófico y máxima aspiración del ser humano se encuentran plasmados en su texto. El segundo pilar, de trasfondo subjetivo y que constituye una virtud, responde a la cualidad moral –como cuestión relacionada con la conducta y los valores que cada persona posee por su condición de ser gregario. Dicho tema ha sido motivo de profundo análisis dentro del campo de la ética cada vez que fue tratado desde el punto de vista de “la política” (“valor superior”), recibiendo en consecuencia el apelativo de “idoneidad moral” (cualidad política esencial). Virtud esta que, si bien rige nuestras vidas a través de actos comunes, intensifica su injerencia cuando el objetivo de la persona está dirigido a concretar hechos y/o actos vinculados con intereses superiores de la cosa pública, cualquiera sea su naturaleza o finalidad.

Será pues mediante la conjunción de estos dos factores (CN y moral republicana) que los distintos partícipes deberán ajustar su legitimación para dar respuesta al interrogante del título. No obstante, lo señalado precedentemente si para tan sustancial y delicado quehacer la regla general fuese: permitir que cualquier ciudadano –aún aquel que cuente con antecedentes penales en curso– tendrá igualmente derecho a intervenir en los distintos actos necesarios para el fin propuesto. En ese caso no existiría otra pregunta más lógica para hacer que la siguiente: ¿Qué grado de confianza, seguridad y buena fe sería de esperar de estos ciudadanos si a pesar de encontrarse penalmente procesados igualmente pueden actuar en un mismo pie de igualdad con otros cuyas fojas de servicio y vida siempre demostraron ser ejemplo de buena civilidad? En este sentido, la ética y la moral juegan un factor diferenciador muy importante y así debe ser. (Adela Cortina: “Ética aplicada y democracia radical”, 1993, pag. 16; González A. Luis y Marquínes Germán, “Valores éticos para la convivencia”, Bogotá Ed. El Búho, 1999, página 109 - Elisa Carrió “Hacia un nuevo contrato moral” Ed. Norma, páginas 299/305).

Dicho esto, para que sea posible alcanzar el reordenamiento legal y consecuentemente la revaloración de las instituciones de la República, no habría inconveniente alguno que ello se logre a través de la búsqueda de acuerdos políticos entre las partes que conforman el espectro socio económico del país. Pero cuestión muy diferente será si quienes se creen con derecho a intervenir en tales acuerdos, carecen de ficha limpia.  En este sentido es necesario comprender que para tamaña empresa resulta absolutamente prioritario contar con la intervención de ciudadanos decentes, probos, inteligentes, valientes y cuantas más cualidades positivas puedan darse en todos los sentidos si es que deseamos arribar a buen puerto. De lo contrario, lo más probable será que el barco zozobre o se hunda.

Si bien la C.N y otras leyes de igual grado prevén como garantía del debido proceso que nadie puede ser condenado sin juicio previo ni privado de libertad sino a través de sentencia firme (art. 18 CN; art. 8, inc. 2 del Pacto de San José). No obstante, lo reconocido, de igual manera tampoco estaría demás señalar que nuestra Carta Magna a nadie le impone la obligación de tener que reunirse con otras personas respecto de las cuales el objetor las considera ética o moralmente indeseables. Es sobre este punto que tendrán que tener muy en claro todos aquellos ciudadanos de “fojas limpias” que el honor y la oportunidad de participar en el Honorable Congreso a fin de rediseñar el plexo legal vigente, no es lo único. Puesto que la cuestión de fondo no radica en poder alcanzar un pacto o acuerdo político a cualquier precio o riesgo, sino todo lo contrario ya que: sin prioridad y sin decencia, será muy difícil encontrar la salida.

Es por lo expuesto que quienes estén verdaderamente capacitados para determinar el orden de prioridad de los distintos temas a tratar como: políticas públicas o de estado -herramientas  estas que a su vez harán posible las reformas estructurales del espectro jurídico legal del país- son quienes tendrán que demostrar sus reales capacidades para atacar, desde la raíz, los más controvertidos y anacrónicos  temas que hasta hoy vienen impidiendo que la Argentina pueda dar el salto necesario hacia la modernidad del siglo XXI.

(*) Abogado egresado de la UNNE con 51 años de ejercicio activo en la profesión. DNI N° 7.915.346    

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