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El abogado de Emerenciano Sena y Marcela Acuña explicó por qué demandaron a los periodistas

Una demanda recae sobre Gustavo Olivello y otra sobre los tres jóvenes comunicadores.

Sociedad 07 de julio de 2021
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El abogado Juan Díaz, representante de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, explicó este miércoles de qué se trata la solicitud interpuesta contra Gustavo Olivello, Adrián Benítes, Daniel Aguirre y Gabriel Bobis.

Según el letrado, el 11  de junio pasado, presentó una demanda de daños y perjuicios y daño moral contra Olivello, “por las consecuencias dañosas en virtud de sus publicaciones injuriantes, degradantes y calumniosas en la red social Facebook Alerta Urbana, del 3 de abril de 2021”.

Asimismo, la petición contra Adrián Benites, Daniel Aguirre y Gabriel Bobis, se basa en que el 31 de marzo de 2021, en el marco de una medida de protesta llevada a cabo por un excombatiente de Malvinas que quedó sin trabajo, “en forma intempestiva y sin autorización, comenzaron a sacar fotos y hacer grabaciones de audios, en el lugar donde estaban reunidos varios compañeros, siguiendo desafiantes con su accionar, luego de que aquellos le pidieran que cesen en tal actividad y que, una vez finalizada la reunión, se los atendería”, dijo.

“Siguiendo con su accionar provocativo, comenzaron a promover desorden, insultando a los presentes e interponiéndose entre los reunidos”, agregó Díaz.

“El motivo de la acción judicial reside en que, con posterioridad a estos hechos, los demandados salieron a propagar por varios medios (haciendo referencias a denuncias tramitadas en sede penal), que los responsables de dichos incidentes fueron los compañeros Marcela Acuña y Emerenciano Sena, lo cual a todas luces resulta un noticia falaz, maliciosa y direccionada a injuriar y calumniar (fake news) a dichos dirigentes”, destacó.

Asimismo, mencionó que “ni bien se analicen las pruebas arrimadas a la causa, se podrá observar que si bien los mismos estaban en el lugar del hecho, no fueron los causantes de tales incidentes; al contrario, la única vez que se los ve a uno de ellos es tratando de calmar la situación”.

“No está por demás aclarar que Olivello es funcionario policial, por lo que su accionar resulta vejatorio conforme los Tratados de Derechos Humanos de jerarquía constitucional. Aquí no solo se trata de reclamar la reparación de los quebrantos espirituales y morales, como daños en el ámbito laboral, de la salud física y psíquica que nos han causado los accionados, también intentamos, mediante esta acción civil, que se garantice el derecho a la libertad de expresión en un ámbito de respeto, donde cada cual pueda pensar diferente, pero siempre que la expresión de dichas diferencias sean fundadas y respetuosas, basadas en la verdad y no en la difamación o la censura, o con la maliciosa intención de generar daños y perjuicios, estigmas y descrédito social, respecto de quienes luchan por el mejoramientos de los sectores más desposeídos”, aclaró el profesional.

“En fin de que la libertad de expresión reflejada en la libertad de prensa sea un medio para informar verazmente a la ciudadanía y no un mero instrumento de persecución política y policial, como en las épocas más oscuras de nuestra patria, será justicia”, concluyó.

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