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España: condenan a una mujer por abuso sexual y maltrato a sus empleadas domésticas

La justicia española pedía 37 años de cárcel, pero la acusada acordó una pena menor.

Mundo 13 de abril de 2021
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La justicia de Galicia, en España, condenó a 9 años de cárcel a Mónica Y. Q. P, una mujer de origen panameño por abuso sexual, agresión y maltrato a mujeres latinoamericanas inmigrantes a quienes supuestamente contrataba como empleadas domésticas.

La mujer enfrentó cargos de abuso sexual, mientras que su pareja, que decía ser médico, era quien realizaba los supuestos exámenes vaginales preocupacionales antes de comenzar los trabajos.

Según las denuncias en la justicia, la pareja les daba a mujeres que llegaban a España en difíciles condiciones económicas o sin papeles de residencia, la posibilidad de comenzar a trabajar en forma directa. Pero previamente, les solicitaban una revisión médica, que se convirtió en exploraciones vaginales y otros abusos denigrantes.

En otros de los casos, inclusive, obligaron a una mujer a prácticas sexuales bajo coacción y amenazas y a otras, a trabajar en ropa interior o directamente desnudas.

A cinco víctimas, las sometieron sexualmente bajo un “clima de temor y angustia”, y en condiciones de trabajo que atentaban contra sus derechos laborales y contra su libertad. Varias de las mujeres inmigrantes eran encerradas durante toda la jornada laboral y amenazadas mediante la colocación de cámaras de seguridad.    

Según la Fiscalia, la pareja se ganaba la confianza para que las víctimas acudieran al domicilio “empleador” y bajo engaños o amenazas, “perpetraban contra ellas actos de naturaleza sexual”.

Todo ocurrió entre marzo y octubre de 2019, en Vigo. En la justicia gallega, la fiscalía pidió 37 años de cárcel, aunque la condena será mucho menor, ya que la mujer se declaró culpable de los cargos y sólo estará bajo detención 9 años.

Con este acuerdo, la condenada reconoció cinco delitos de abuso sexual, uno de agresión sexual, uno de coacciones, otro de trata de seres humanos, otro contra los derechos de los trabajadores y un último de maltrato.

Las víctimas, procedentes de Guatemala, Colombia y Nicaragua, también serán indemnizadas por la acusada, que pagará a cada una de las víctimas de los cinco delitos de abuso sexual 1.000 euros, y 6.000 euros a las otras dos mujeres, estas dos porque sufren trastorno de estrés postraumático.

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