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Déficit de las políticas públicas de seguridad

Por policías autoconvocados.

Reflexiones 31 de diciembre de 2020
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El balance del año 2020 de las políticas públicas de seguridad arrojó un déficit en la lucha contra el delito y la violencia, a partir de una baja inversión realizada en la finalidad seguridad pública, sumada a la falta de incorporación de personal, salarios de pobreza, y el incumplimiento de los planes y metas anunciados. Este déficit se traducirá más tarde o más temprano en más inseguridad para todo el Chaco.

El gobernador Jorge Capitanich anunció en la reunión del Consejo Provincial de Seguridad Pública (CPSP) a fines de 2019 los ejes principales en seguridad pública para el periodo de gobierno 2019-2023 que pasarían por el uso de tecnologías; la aprobación de protocolos de petición ante poderes públicos, anticorrupción y en violencia de género; el funcionamiento efectivo de la policía judicial; el fortalecimiento de los foros vecinales.

La Policía tuvo que redoblar esfuerzos para cumplir con las misiones y funciones asignadas en un contexto global de pandemia. Aunque esto no alcanzó para superar la regresividad de un  servicio esencial para la comunidad, una constante en los gobiernos de Capitanich que se caracterizan por ideas interesantes, anuncios prometedores y pocas concreciones. 

Un breve repaso de los anuncios del gobernador, y de la ministra de seguridad y justicia, en los últimos 365 días, servirán para corroborar la percepción  que tenemos quienes seguimos de cerca las acciones de gobierno en esta materia.

La Ley de Seguridad Pública sigue pendiente de implementación

La Ley de Seguridad Pública del Chaco (LSP) N° 2011-J, antes Ley N° 6976, se implementó en un 20% aproximadamente. El nuevo modelo de seguridad sistémica no se aplicó por octavo año consecutivo, y por ejemplo no se designó al Secretario de Seguridad Pública como en los últimos cinco años; no se implementaron los nuevos órganos de control del sistema de seguridad: la dirección de control policial, el tribunal de disciplina, la defensoría del policía, a pesar del compromiso de Capitanich de hacerlo antes que finalice 2020.

Además, no se implementaron el observatorio sobre violencia y seguridad pública, los foros vecinales de seguridad en todas las jurisdicciones, los consejos municipales de seguridad pública en toda la provincia; el CPSP no se reunió a lo largo del año. Debían realizarse no menos de 6 reuniones, y la única reunión realizada a fines de noviembre no tuvo ninguna trascendencia en la definición de las políticas de seguridad, que es una de las funciones atribuidas por la LSP.

Planes de seguridad sin fuentes de financiamiento

Los compromisos de efectivo funcionamiento de la Policía Judicial y la denuncia digital anunciados por el gobernador no se cumplieron.

El “plan de seguridad integral 2020”, que anunció la ministra de seguridad a fines de enero de este año, incluía iniciativas tales como el rediseño del esquema preventivo para el Gran Resistencia con la ampliación de las cuadrículas cubiertas de 69 a 77 y la asignación de un patrullero para cada cuadrícula; la incorporación de tecnologías aplicadas a la seguridad pública; y la creación de foros vecinales de seguridad en todas las jurisdicciones policiales de la provincia. Todas estas metas tampoco se cumplieron. La falta de gestión ministerial fue notoria.

Los planes de seguridad que se anunciaron no vinieron acompañados de la evaluación de proyectos de inversión, de la planilla estimativa de costos asociados a los proyectos, y de la identificación de las fuentes de financiamiento. Por lo tanto no eran planes reales.

Pobre inversión en personal, infraestructura, automotores y equipamiento

Capitanich prefiere asignar recursos en otras finalidades y no invertir en seguridad pública. Este año por ejemplo no autorizó la incorporación de personal a la Policía, ni la reposición de las móviles fuera de servicio. Esto por supuesto debilitó al servicio policial.

Solo basta con recordar que a mediados de agosto de este año se entregaron solo 45 patrulleros en una presentación realizada en el Parque de la Democracia. Capitanich aseguró en esa oportunidad que “la Policía cuenta con 888 patrulleros en toda la provincia, que sumados a las motos y otros hacen una flota total de 1265 vehículos”. Por su parte, el Jefe de Policía había dicho que la necesidad real era reponer “160 patrulleros en mal estado y fuera de servicio”.

En concreto, la única compra de patrulleros alcanzó para cubrir solo el 20% de las necesidades anuales de la flota automotor policial, considerando que deberían adquirirse para reposición aproximadamente 220 vehículos automotores por año. En 2021 se deberían comprar más de 390 patrulleros nuevos para cubrir el déficit de 2020 y las necesidades del año que viene. Los vehículos que se compran son estándares o convencionales con una vida útil estimada en 3 o 4 años, debido a su uso intensivo en unidades operativas de la Policía.

La única inauguración de un edificio policial construido a nuevo fue la habilitación oficial de la Comisaría de Machagay en julio de 2020. La obra estuvo casi terminada antes del 10 de diciembre de 2019, y solo le faltaban detalles finales de obra como ser pintura y equipamiento interior. No se registró a lo largo del año la construcción de nuevos edificios policiales. Necesidades en este rubro existen en toda la provincia.

Este año volvió a producirse una caída del salario real de los trabajadores policiales, con pautas salariales a la baja: 7% en marzo y 7,8% en septiembre, que quedaron muy por debajo de la inflación, y del aumento de recursos del Estado provincial. La imposición de dos nuevos montos fijos y en negro de $ 5.000: el bono por pandemia y el rubro refrigerio, provocaron el achatamiento de la pirámide salarial en el sueldo de bolsillo.

El bajo compromiso con la seguridad pública en nuestra provincia se refleja en la pobre participación relativa en el presupuesto provincial de alrededor del 5%. Mientras que la media nacional de participación de la finalidad seguridad pública en el presupuesto de las provincias argentinas es del 10% aproximadamente.

Promesas incumplidas de Capitanich

Son difíciles de creer las promesas de Capitanich. Así por ejemplo en julio de 2010 prometió al sector policial corregir la escala de sueldos básicos que había sido distorsionada y achatada por la política salarial de 2004 al 2006, y hasta hoy no cumplió. En marzo de 2012 se comprometió a iniciar un progresivo blanqueo salarial y eliminación de los montos en negro que había impuesto entre 2008 y 2011, y tampoco cumplió. No solo esto, sino que este año volvió a imponer sumas en negro, y perjudicó nuevamente al trabajador policial activo y retirado, e inclusive desfinanció al INSSSEP.

Al primer mandatario provincial le cuesta mucho convencerse de la necesidad de invertir en seguridad pública, y sobretodo en capital humano. En su discurso suele prometer inversiones en equipamiento y en tecnología, pero luego no se traducen en acciones de gobierno, se demoran mucho o se dan a cuenta gotas.

Pese a todo esto seguiremos insistiendo en los reclamos con propuestas, y ejerciendo el control social que forma parte inescindible de nuestro sistema democrático.

* Comisario Livio Fernández, secretario General Policías Autoconvocados por un Salario Justo.

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